Frente al nuevo proceso licitatorio llevado adelante por el Estado Nacional que dispone un plan de obras de profundización y ensanchamiento del lecho de los ríos Paraná y de la Plata para adaptarlo a las necesidades del modelo extractivista y agroexportador sin contemplar los severos impactos transgeneracionales, socio-ambientales, ecológicos, soberanos, culturales y sanitarios que las mismas producirán, convergemos distintas organizaciones sociales, asambleas y comunidades que habitamos en sus cuencas, para manifestar nuestro abierto rechazo por las razones que a continuación se exponen:
En torno a la mal llamada “hidrovía” sobre la cuenca de los ríos Paraná y de la Plata, la discusión de fondo abarca diferentes cuestiones. Por un lado, la mercantilización de los ríos termina por degradar su valor cultural, socio-ambiental, ecológico, paisajístico, turístico, sanitario, y su función como proveedores de agua dulce. Por el otro, la pérdida de su soberanía al otorgar la concesión del mantenimiento de su curso troncal a grandes corporaciones extranjeras (por 30 años, extensible a 30 años más) constituye un saqueo territorial.
Los ríos nos proveen de agua dulce, nos brindan alimentos, regulan sequías e inundaciones, y sostienen una enorme diversidad biológica. A su vez desempeñan funciones críticas en la mitigación del calentamiento climático en marcha, al ser un sumidero de carbono y retener gases de efecto invernadero que de otra manera, serían liberados a la atmósfera.
Sin embargo, desde hace más de 30 años, el Estado ha impuesto una mirada mercantilista sobre ambas cuencas. Este modelo generó un control extranjero sobre ellas que fomentó la evasión de impuestos, subdeclaración de exportaciones, el contrabando, el saqueo de nuestros recursos naturales y la extranjerización de nuestra economía. Convirtiéndolas, de esta manera, en zonas de sacrificio a través de políticas estratégicas pensadas exclusivamente para beneficiar al agronegocio, actividades extractivistas y emprendimientos inmobiliarios, en detrimento del derecho irrenunciable de las comunidades a un ambiente sano y equilibrado.
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