Adhesión a comunicado de organizaciones no gubernamentales de Mendoza
Organizaciones no gubernamentales de Mendoza queremos manifestar nuestra preocupación por la decisión judicial de perseguir a los defensores ambientales, utilizando la figura del art. 213 bis del Código Penal, referido a las agrupaciones que ejercen coerción para imponer su ideología.
Históricamente, quienes trabajan en la defensa del ambiente ejercen su derecho y deber constitucional de preservarlo (art. 41 C.N.) a través de diversas acciones de investigación, conservación, manifestaciones públicas pacíficas, acciones judiciales e incidencia para la toma de decisiones, entre otras.
Es contrario a los preceptos establecidos por nuestra Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú que el Estado esté propiciando acciones de amedrentamiento, allanamientos e imputaciones a quienes defienden el ambiente, siendo que las acciones llevadas a cabo en los últimos 15 años han sido realizadas de forma pacífica y democrática, logrando la corrección de desviaciones provocadas por empresas y gobiernos en el cumplimiento de la legislación vigente, utilizando el derecho a peticionar a las autoridades y las herramientas que provee nuestro ordenamiento jurídico para encauzar dichos desvíos.
Por ello, repudiamos el accionar gubernamental y exhortamos al fiscal de la causa a que libere a los detenidos y quite las imputaciones, respetando los acuerdos internacionales de los que Argentina es parte y el deber constitucional de defender el ambiente. Asimismo, instamos a que la justicia actúe con imparcialidad y sin condicionamientos en la búsqueda de la verdad jurídica.
Ver en Campañas de nuestro sitio más al respecto de esta problemática.